El movimiento popular boliviano llevó a la presidencia a Evo Morales para que refunde el Estado y construya el “socialismo comunitario”. Pero el jefe indio no cumplió el mandato popular, relegó a un segundo plano a los pueblos indígenas (la supuesta reserva moral de la “revolución cultural”), y, sin mayor trámite, desvirtuó el “proceso de cambio”.
Evo fue reconocido como líder de los movimientos ecologistas del mundo y Naciones Unidas lo declaró “héroe y defensor” de la Madre Tierra e instituyó el Día Mundial de la Madre Tierra el 22 de abril. Pero el gurú del ecologismo internacional dio otro vuelco de campana y adoptó un Plan de Desarrollo nacionalista que reproduce el viejo industrialismo depredador de la naturaleza, focalizado en la exportación de materias primas.
El Presidente indígena bipolar se comporta dentro del país como cualquier gobernante neoliberal y en el extranjero se hace llamar defensor de la Pachamama. Y a pesar de sus incongruencias, convocó a la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático para consensuar con los movimientos sociales del mundo una propuesta “salvadora” de la Madre Tierra.
Evo prometió que guiaría la “revolución cultural” obedeciendo al pueblo, y en repetidas oportunidades pidió a los movimientos sociales que le orienten y le corrijan cuando dé pasos equivocados en la larga marcha hacia el “socialismo comunitario”.
Atendiendo a esa invocación, decenas de dirigentes sociales y activistas le desafiaron a debatir sobre los conflictos socioambientales y las contradicciones de su gobierno en la inédita Conferencia de los Pueblos celebrada del 20 al 22 de abril de 2010 en Cochabamba.
Pero Morales no solo se negó rendir cuentas sino que denostó a los críticos, intentó acallarlos y finalmente optó por marginarlos de la Cumbre.
Asumiendo su responsabilidad civil de defender el proceso de cambio concebido por el valeroso pueblo boliviano en varios años de lucha, los proscritos a la cabeza del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), el Movimiento sin Tierra de Bolivia y varias organizaciones sociales (Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (Fobomade), Cejis, Cesu, Cedla, Oinco, Probioma, Bolpress, Constituyente Soberana, Enlace, Colectivo Casa, Cenda y Yukupacha) instalaron la Mesa 18 para analizar infinidad de conflictos socioambientales en Bolivia soslayados por las otras 17 mesas “oficiales” de la Cumbre.
La Mesa 18 no fue una tribuna para desacreditar al gobierno del MAS ni mucho menos socavar la legitimidad de la Cumbre de la que todos se sentían parte. La Mesa Popular fue un espacio de deliberación y consenso de propuestas que ayuden a enderezar el proceso de cambio desviado por una lógica neoextractivista contraria a los ideales de la economía comunitaria y el Vivir Bien.
La Mesa 18 nació para debatir e interpelar a la cúpula masista restauradora del capitalismo y a los sectores dominantes que la respaldan: ¿Si su máxima aspiración es perfeccionar el capitalismo y si sólo nos permiten maquillar lo que ya está definido, en qué queda la democracia participativa? ¿Por qué imponen el trasnochado industrialismo extractivista, un modelo empobrecedor que fracasó históricamente? ¿De verdad creen que es posible el “desarrollo” autárquico de semicolonias exportadoras de materias primas? ¿Acaso no saben que el “desarrollo” fue el anzuelo histórico del capitalismo en expansión para insertar a los países periféricos en el mercado mundial en condiciones de renovada dependencia?
La Mesa 18 ejerció su legítimo derecho a pedir cuentas a los gobernantes que olvidaron su condición de inquilinos de Palacio de Gobierno, y exigirles que cumplan el mandato constitucional de “armonizar la producción con las necesidades ecológicas”, con el control y la gestión social participativa y directa.
Editorial del primer número de Mesa 18, un órgano de prensa de los movimientos populares bolivianos que luchan por los derechos ambientales de toda la población y cuestionan al modelo extractivista violatorio de los derechos humanos.
