El Ministro de Educación anunció la suspensión del Sistema de Información de Comunidades Educativas Públicas (SICEP), presionado por multitudinarias movilizaciones en diferentes departamentos del país exigiendo la suspensión de la aplicación del Plan de Estudios de la Ley 070, duramente cuestionado por maestros, padres de familia y estudiantes. El ministro Aguilar se resiste a aceptar que lo que acaba de ocurrir es el inicio del fracaso de su reforma educativa y carece de argumentos para debatir con quienes han echado por
tierra los fundamentos teóricos de la reforma masista.
Miguel Lora Ortuño *
Aparentemente, los acontecimientos sociales surgen muchas veces como por casualidad, sin ninguna explicación lógica. Esto ocurre porque los actores conscientes (los militantes revolucionarios que actúan en los movimientos de masas) no logran descubrir plenamente las causas internas del proceso en una determinada coyuntura, fenómeno contradictorio y dinámico en extremos. En nuestro caso, la caracterización general del desarrollo de la situación política en el marco de un contexto mucho más amplio que va desde la asunción del MAS al poder hasta el presente es correcta y probada por la realidad. Es incuestionable que amplias capas de los explotados han vivido una corta y acelerada etapa de emancipación política respecto a las ilusiones en un gobierno indígena y ya se encuentran en la trinchera opuesta reivindicando la solución a sus problemas vitales recurriendo a la acción directa en todas sus formas.
Sin embargo, hace poco daba la impresión de que -por ejemplo- los maestros, a pesar de la tendencias dominantemente anti oficialista en su seno, no estaban dispuestos a movilizarse contra la aplicación del nuevo plan de estudios de la reforma deductiva “Siñani - Pérez”, a pesar de que las organizaciones sindicales dirigidas por los trotskistas (La Paz, Cochabamba y Oruro) nunca dejaron de advertir sobre las consecuencias nefastas de la aplicación de la reforma masista. Las federaciones de La Paz y Oruro hicieron grandes esfuerzos por organizar movilizaciones arrastrando sólo a los sectores de vanguardia que siempre son minoritarios; la federación cochabambina fracasó en el primer intento de movilizar los días de la realización de la Conferencia Nacional del sector convocada por la Confederación en la capital del Valle.
Hasta este momento, el aparente estado de ánimo de indiferencia en las bases del magisterio, nos conducía a pensar que estábamos viviendo un período de dificultades casi insuperables que impedían la movilización de las bases. Analizábamos cuáles eran las causas de esta situación; creíamos que el problema electoral terminaría ocupando todo el espacio social y terminaría mediatizando la necesidad de los explotados de resolver sus problemas vitales; a todo este panorama se sumaría el obstáculo de la acción traidora y confusionista de la burocracia sindical totalmente entregada al oficialismo. Frente a esta situación nada alentadora, se discutía sobre la necesidad de incorporar en la plataforma de lucha el problema del incremento de sueldos y la realidad miserable de las pensiones de jubilación.
La realidad se ha encargado de mostrarnos que estábamos equivocados. Otra vez podemos constatar que vivimos un momento histórico donde los fenómenos sociales son extremadamente cambiantes y contradictorios. De un momento a otro, los explotados saltan de su estado de quietud a otro extremadamente convulsivo.
Quienes aparecieron impetuosos en el escenario son los magisterios de Potosí y Sucre como los primeros indicios de que la futura rebelión podría surgir desde las amplias capas del magisterio; estos sectores, en sendas asambleas deciden rechazar el plan de estudios y, los potosinos toman por unas horas la Dirección Departamental.
La primera movilización de Cochabamba sorprendió a propios y extraños por su carácter multitudinario y su radicalidad. Los maestros en las calles comprenden que su lucha no se resuelve en el ámbito local sino en obligar al gobierno a abandonar la aplicación de su plan de estudios, hecho que equivale a derrotar la reforma educativa masista.
El error está en no visualizar que existen razones estructurales que hacen que las masas acumulen silenciosamente grandes tensiones internas que pronto estallarán frente a cualquier estímulo que afecte sus necesidades materiales. Incuestionablemente, esa causa estructural es la agudización de la crisis del sistema social que se manifiesta como mayor miseria y hambre, desocupación, miserables sueldos y salarios, corrupción, etc. Este factor que es objetivo permite la generalización y la profundización del malestar social que, en el presente caso, estalla en el sector del magisterio cuando las bases constatan que la aplicación de la reforma educativa no sólo daña a sus intereses inmediatos (inseguridad en las fuentes de trabajo) sino tiende a destruir el componente científico de la educación. Se trata de un profundo movimiento instintivo que, a condición de que se generalice, en el camino puede permitir dar grandes saltos en los cambios de la conciencia de los combatientes.
Se suman los padres de familia
Un elemento nuevo que surge en la movilización del magisterio en torno a la suspensión de la aplicación del plan de estudios de la Ley “Siñani – Pérez” es la incorporación espontanea de sectores de padres de familia. Estas tendencias, cuyas direcciones que hasta la víspera aparecían como los verdugos del magisterio y que actuaban como la fuerza social al servicio de las autoridades para impedir las luchas del magisterio, ahora se muestran nítidas en las provincias y en la capital del Valle cochabambino.
En Tiquipaya se han movilizado para defender los ítems de una unidad educativa que están amenazados de ser racionalizados por las autoridades, han protagonizado un contundente bloqueo en el Distrito junto a los maestros de la unidad y de otros que se han sumado a la medida; la Federación ha conocido varios pronunciamientos de juntas escolares de diferentes sectores condenando la pretensión del gobierno de cerrar cursos y unidades educativas; el día de la marcha por lo menos una decena de unidades educativas se han hecho presente con centenares de padres de familia; conocidas dirigentes de OTBs y de juntas escolares que hasta la víspera se mostraban como aliadas de gobierno, se han aproximado a la Federación para pedir una explicación de por qué los maestros se están movilizando; se tiene conocimiento que en estos sectores se realizan reuniones conjuntas por zonas y distritos escolares, etc.
Lo que ha impactado en estos sectores es la denuncia que se ha hecho a través de la prensa, a través de los maestros y de los propios estudiantes, que las unidades educativas han sido convertidas en un verdadero caos donde se está reduciendo horas en las materias científicas como química y física; se está incorporando en primaria las asignaturas de quechua, inglés, artes plásticas y computación sin variar la carga horaria de 88 horas que tiene el maestro de aula con grave perjuicio de las materias instrumentales como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales; se está improvisando maestros de la manera más irresponsable obligando a dictar conocimientos que no tienen nada que ver con su formación, por ejemplo, a los maestros de religión se les está obligando a dictar matemáticas, a los de idiomas extranjeros lenguaje, etc.; a todo esto se suma la drástica racionalización de ítems en los turnos de la tarde y de la noche, ítems que les ha costado mucho sacrificio conseguir a las diferentes zonas y provincias.
Casi de manera natural, lo padres de familia infieren que lo que quiere el gobierno es que los bachilleres se queden como técnicos medios sin tener la posibilidad de acceder a las universidades para seguir carreras académicas; comprenden que, atentando contra las materias científicas, caerá vertiginosamente la calidad de la educación y la brecha que se abra entre la formación secundaria y la universidad será cada vez mayor.
No cabe que estas razones que manejan los padres de familia son poderosos reactivos que pueden impulsarlos a la movilización, esto entienden los maestros y abandonan el prejuicios de que todos ellos son sus enemigos y verdugos, sin tener la capacidad de diferenciar a la base de sus dirigentes políticamente controlados por las autoridades. En muchos lugares, sobre todo en las unidades controladas por los convenios Iglesia – Estado, son los maestros quienes se encargan de organizarlos y movilizarlos, poniendo en práctica su larga tradición de relacionarse con ellos para hacer funcionar las llamadas “comunidades educativas”.
Está probado: la movilización del magisterio puede convertirse en un movimiento popular
Después de multitudinarias movilizaciones ocurridas semanas atrás en diferentes departamentos del país exigiendo la suspensión de la aplicación del Plan de Estudios en el marco de la Ley 070 (reforma educativa “Siñani – Pérez”), el Ministro de Educación ha anunciado la suspensión del SICEP (Sistema de Información de Comunidades Educativas Públicas). El anuncio escueto, y deliberadamente ambiguo, señala que este sistema no fue debidamente aplicado por los directores de unidades educativas y presentó fallas en su propia programación. Nadie sabía cuáles eran los alcances de esta medida y todos se preguntaban si se trataba de la suspensión del Plan de estudios tan duramente cuestionado por los maestros, padres de familia y estudiantes.
Los dirigentes de la Confederación del magisterio urbano, respondiendo a la presión de las bases, manifestaron a través de un documento escrito que la medida implicaba dejar sin efecto todos los aspectos relacionados con la carga horaria y con el número de alumnos por curso (paralelos con 40 alumnos según la R.M. 01/2014).
Inmediatamente después, en sendas solicitadas en la prensa escrita del país donde se responsabiliza a los “dirigentes trotskistas” y a los directores de unidades educativas por los problemas que está generando la aplicación del Plan de Estudios, señala que la suspensión del SICEP sólo significa “transparentar la dotación de ítems a las unidades educativas”, o sea, casi nada. Para el Ministro tramposo y sus autoridades, la suspensión del ese programa informático no afecta para nada la prosecución de la aplicación del Plan de Estudios. En ese sentido, los directores distritales han seguido presionando la entrega de informes a los directores de unidades educativas.
Después de conocida la solicitada, la Federación cochabambina convocó a una asamblea general de maestros con la participación de padres de familia y de estudiantes de secundaria. Después de un análisis del problema decide continuar las movilizaciones unitarias, rechazando además el carácter ofensivo de la solicitada del Ministerio, más de 15 mil personas se vuelcan a las calles tomando como consigna la inmediata suspensión del Plan de Estudios.
Lo ocurrido en Cochabamba está mostrando que la maniobra no ha surtido el efecto de paralizar las movilizaciones. El anuncio de que no se les va a afectar una sola hora a los maestros, que no se van a cerrar unidades educativas, que todos los casos donde se han afectados los derechos de los maestros se enmendarán inmediatamente, que los directores que hubieran incurrido en abusos contra los maestros serán sancionados, Etc., no encuentra credibilidad en la gente. Ocurre que, contrariando las promesas del Ministro, todos los días cierran unidades educativas, se disminuye las horas de los maestros y se los mueve como si fueran fichas de ajedrez de un lugar a otro y se les obliga a improvisar dictando conocimientos para los que no han sido preparados. En estas condiciones la demagogia del Ministro cae en saco roto.
No se responde al problema de la reducción de la carga horaria de las materias científicas en primaria y secundaria, a la masiva improvisación de maestros que, de manera inevitable, va a provocar una mayor caída en la calidad educativa. Los padres de familia intuyen que el gobierno busca que sus hijos no puedan acceder a las universidades y que se queden como bachilleres técnicos medios.
Lo ocurrido en Cochabamba está mostrando que es posible convertir la movilización del magisterio en un movimiento popular. Si la experiencia se generaliza a todo el país, está asegurada la victoria porque el gobierno acorralado no tendrá otro camino que dar un paso atrás poniendo en grave peligro la aplicación posterior de su reforma educativa anticientífica y retrógrada.
Aguilar, derrotado por las movilizaciones, cubre su retirada con falacias
Para el común de la gente existe el prejuicio de que un “ministro de educación” debe encarnar veracidad, prudencia, autoridad, solvencia moral y objetividad en sus apreciaciones respecto a los hechos; se trata de un prejuicio infundado porque es un ser de carne y hueso, con debilidades humanas y actúa según los intereses de la política que representa -en el presente caso- imponer una reforma educativa destructora de la educación y de la ciencia, negadora de las pocas conquistas de la educación boliviana y del magisterio; se trata de un ministro que subordina la necesidad pedagógica a mezquinos intereses presupuestarios de un Estado que quiere imponer una reforma a costa de más trabajo para los maestros sometidos a sueldos de hambre, de un ministro que aplica disciplinadamente la receta de una flexibilización laboral como en los mejores tiempos del neoliberalismo.
Aguilar, dolido por la contundencia de las movilizaciones que ha obligado a sus sirvientes de ambas confederaciones a cambiar de postura frente a la aplicación del nuevo plan de estudios de la malla curricular, ahora se ve obligado a emprender la retirada. Atrincherado en una reunión nacional de directores departamentales y distritales anuncia que, hasta ahora, ha sido un éxito la aplicación de la reforma ¿? y, sin embargo, deja sin efecto la aplicación de la carga horaria del plan de estudios; aclara que esta medida no significa suspender la aplicación de la Ley 070 “Siñani – Pérez”; más tarde, reconoce que sí hubo problemas con la carga horaria de física y la geografía fue simplemente borrada del presupuesto educativo, dando la razón –sin decirlo expresamente- a los maestros, padres de familia y alumnos movilizados por miles en la calles.
Una y otra vez se empeña en aclarar que la medida asumida no es porque se lo han impuesto las movilizaciones a la cabeza de los trotskistas, es porque –reitera el Ministro dolido- los dirigentes de las dos confederaciones se lo han pedido. De esta manera pretende también cubrir a sus lacayos incrustados en las organizaciones sindicales, repudiados por las bases del magisterio nacional. Se resiste a aceptar que estos canallas ya no le serán útiles en su intento de volver a arremeter en el fututo porque los maestros y la población han logrado experimentar en su piel la naturaleza anticientífica y retrógrada de la reforma educativa y tendrán sobradas razones para volver a arremeter contra este engendro del oficialismo.
Se resiste a aceptar que, lo que acaba de ocurrir, es el inicio del fracaso de su reforma porque choca brutalmente con la realidad. De este modo, se cumple a cabalidad lo que ya habíamos vaticinado desde el momento mismo de su aprobación en el manipulado Congreso de Educación realizado en Sucre hace cinco años. No cabe duda que, este rechazo popular a la reforma educativa masista, es parte del proceso de emancipación política que están viviendo grandes sectores de la población, sobre todo de la clase media, del movimiento obrero y de sectores importantes del movimiento campesino - originario.
Entiéndase bien, no se trata de un episodio aislado; el problema de la reforma educativa pasa a ser uno de los componentes importantes en el cambio de la conciencia política de los explotados. El valor del trotskismo radica precisamente en haber puesto el destino de la reforma educativa en el marco de la lucha de clases.
Todo lo demás, eso de que sólo se suspende la aplicación de la carga horaria y que sigue adelante la aplicación del plan de estudios, es pura impostura. Cualquier estudiante normalista de primer año sabe que no puede aplicarse un plan de estudios sin carga horaria. Lo que hará el Ministerio de Educación es la estupidez de obligar a los maestros a ejecutar el reglamento de evaluación y vaciar en la forma del nuevo currículo los contenidos que siempre han desarrollado en el pasado. Si a esto llama Aguilar continuar con la aplicación de la reforma educativa es apenas un consuelo de tontos.
El ministro Aguilar reacciona como bestia herida
La millonaria solicitada publicada en toda la prensa escrita del país por el Ministerio de Educación revela que Aguilar no tiene argumentos para debatir con quienes han echado por tierra los fundamentos teóricos de la reforma educativa masista y que, ahora, cuando se la pretende aplicar, está mostrando su inviabilidad porque choca con la realidad. Ha sacado de su pobre capacidad teórica un sofisma grosero: dice que los trotskistas critican la ley 070 sin presentar una propuesta alternativa y, por tanto, terminan defendiendo a la ley 1565 (reforma impuesta por el imperialismo).
A este espadachín sin espada que lanza estocadas sin ton ni son hay que recordarle que quienes lucharon consecuente e incansablemente, sufriendo persecuciones y cárceles, contra la 1565 fueron los trotskistas. Fue el magisterio, cuando la clase trabajadora era víctima de la relocalización y de la flexibilización laboral, que se puso a la cabeza en la lucha contra el neoliberalismo en este país. Fueron los maestros, a la cabeza de los trotskistas, quienes convocaron a la lucha en defensa de la educación fiscal, única y gratuita; fueron ellos quienes salieron a las calles para reivindicar las conquistas logradas por la educación en este país.
Durante ese período, primero como docente y después como rector en la UMSA, ¿qué hizo el actual Ministro de Educación? Al igual que toda la intelectualidad oportunista de la clase media fue arrastrado por el torrente de la reforma educativa imperialista barnizado teóricamente por los barruntos reaccionarios del posmodernismo. Las huellas de ese su pasado aún se puede percibir en la política reaccionaria que imprime cuando persigue a los maestros que tienen la osadía de pensar y oponerse a su engendro reaccionario de la reforma, cuando penaliza el derecho a la protesta y a la huelga, cuando pretende destruir las conquistas fundamentales de la educación y del magisterio. Aguilar no tiene autoridad moral para acusar a los trotskistas de defensores de la reforma neoliberal, él y el séquito de técnicos que lo acompaña, hasta la víspera, han sido adoradores de la enseñanza modular en las universidades. Él y sus acompañantes han entregado la universidad a la barbarie, la han subordinado a las exigencias del imperialismo y han pisoteado la autonomía universitaria poniéndola al servicio de una camarilla ignorante e inmoral.
La solicitada en cuestión nos muestra, como un gran logro, que 110 mil maestros estén en el PROFOCOM (olvida decir obligados) y que este año ya recibirán el título de “licenciados” 40 mil de ellos. ¿Acaso está insinuando que los licenciados van a salvar su engendro disparatado y contrahecho? A este señor le decimos con absoluta convicción que a esa criatura contrahecha no la salvan ni los mejores sabios en educación del mundo, lo que corresponde es practicarle la eutanasia antes de que termine sometiendo la educación a la barbarie masista.
* El autor es secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).
